Misiones habilitó tarjetas de débito para funcionarios, pero deberán justificar cada gasto

La Contaduría General de la Provincia estableció nuevas reglas para utilizar tarjetas de débito corporativas en dependencias del Poder Ejecutivo. Los responsables deberán presentar comprobantes por cada operación y reintegrar el dinero cuando no puedan justificar los gastos.

El Gobierno de Misiones formalizó la utilización de tarjetas de débito corporativas para afrontar gastos de funcionamiento de distintas dependencias públicas. La medida busca ordenar los mecanismos de pago y reforzar los controles sobre los recursos del Estado, mediante un sistema que identifica a los responsables de cada operación.

La disposición quedó establecida a través de la Resolución N.º 276 de la Contaduría General de la Provincia, publicada en el Boletín Oficial. Su alcance comprende los fondos permanentes y las cajas chicas de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo provincial.

Las tarjetas estarán vinculadas a cuentas bancarias oficiales y serán personales e intransferibles. De esta manera, cada funcionario autorizado deberá responder por el uso del instrumento y garantizar que los fondos se destinen exclusivamente a las necesidades institucionales.

Comprobantes obligatorios y responsabilidad individual

Uno de los principales puntos de la normativa es la obligación de justificar cada gasto. Las rendiciones deberán incluir los comprobantes correspondientes y los extractos bancarios que permitan verificar las operaciones realizadas y el destino del dinero público.

En caso de que una erogación sea considerada improcedente o no cumpla con los requisitos establecidos, el gasto podrá ser rechazado durante el proceso de rendición. Si corresponde, el funcionario responsable deberá reintegrar los fondos utilizados.

La resolución también contempla un procedimiento para cuestionar cargos bancarios erróneos. En esos casos, se establece un plazo de 48 horas para presentar el descargo o realizar el reclamo correspondiente ante la entidad financiera.

Qué gastos estarán permitidos y cuáles quedarán prohibidos

El uso de las tarjetas deberá respetar los montos asignados a cada dependencia y los límites vigentes para los fondos permanentes y las cajas chicas.

La normativa prohíbe financiar compras en cuotas, generar intereses o saldos deudores y dividir una misma operación en varios comprobantes con el objetivo de eludir los topes establecidos.

También se contempla la posibilidad de pagar servicios esenciales mediante débito automático, siempre que estén contratados a nombre del organismo correspondiente y se presente la documentación respaldatoria.

Las extracciones de efectivo en cajeros automáticos estarán permitidas únicamente en situaciones excepcionales y debidamente fundamentadas. En esos casos, el responsable tendrá que justificar posteriormente el destino del dinero retirado.

Controles sobre el dinero público

La implementación de este mecanismo incorpora los pagos electrónicos a los procedimientos administrativos utilizados para manejar fondos destinados a gastos operativos.

Además, ante la pérdida, el robo o la sospecha de utilización indebida de una tarjeta, el titular deberá solicitar su bloqueo inmediato y comunicar la situación al área administrativa correspondiente dentro de las 24 horas hábiles, junto con la documentación requerida.

La medida establece responsabilidades concretas para los funcionarios que administren estos recursos. El objetivo es que cada movimiento pueda ser rastreado y respaldado documentalmente, con la posibilidad de exigir la devolución del dinero cuando se detecten gastos injustificados.

El funcionamiento del sistema dependerá de la aplicación efectiva de los controles y de la revisión de las rendiciones. La utilización de tarjetas corporativas no habilita gastos adicionales, sino que establece una modalidad de pago para los fondos previamente asignados a cada organismo.

En definitiva, la nueva reglamentación pone el foco en la trazabilidad de los recursos públicos y en la responsabilidad individual de quienes los administran: cada gasto deberá tener un respaldo y un destino debidamente justificado.